En un escenario marcado por mayores ingresos fiscales provenientes de la minería y la persistencia de brechas sociales en las regiones, el debate sobre cómo transformar estos recursos en bienestar tangible cobra relevancia. Gonzalo Tamayo plantea la necesidad de fortalecer la gestión pública, promover la transparencia y articular esfuerzos entre el Estado, la empresa privada y las comunidades.

¿Qué factores explican que aún exista una brecha entre renta minera y el desarrollo territorial, y cómo puede superarse?

Lo primero es que las necesidades de la población en las áreas rurales siguen siendo muy grandes, especialmente en términos de mejora de sus condiciones de vida.

En segundo lugar, la estrategia de intervención de las municipalidades enfrenta una falta de correspondencia entre su capacidad técnica y la ejecución de proyectos, lo que en muchos casos deriva en iniciativas mal diseñadas o inconclusas.

En tercer lugar, la dispersión de la población hace que la provisión de servicios públicos resulte muy costosa. Finalmente, no podemos dejar de mencionar que, en algunos casos, la presencia de corrupción a nivel local impide que la inversión pública cumpla sus objetivos.

Pese a todo ello, existen ejemplos de buenas prácticas y de mejora en los indicadores de bienestar de la población en zonas mineras, probablemente a un ritmo más rápido que en aquellas zonas donde no existe actividad minera.

¿Qué mejoras institucionales permitirían optimizar el uso del canon y las regalías en las regiones?

Durante los últimos años se han implementado diversas mejoras institucionales orientadas a incrementar la flexibilidad para que las autoridades locales puedan desarrollar una mayor inversión pública.

Lamentablemente, aún existe muy poca rendición de cuentas hacia la ciudadanía, y son muy pocos los casos en los que esta práctica se evidencia de manera efectiva.

¿Cómo fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales en zonas de influencia minera?

No existe una solución única o inmediata. De manera recurrente, se observa que las entidades del Gobierno central desplazan equipos hacia zonas más aisladas para capacitar a sus funcionarios en materia de inversión pública.

Sin embargo, persisten importantes desafíos, como la alta rotación de personal y las limitaciones a la reelección de autoridades subnacionales, factores que pueden afectar la estabilidad de los funcionarios y la continuidad de la gestión pública.

¿Qué mecanismos pueden alinear de manera más efectiva la inversión privada con la planificación pública regional?

Desde el sector público, la posibilidad de realizar una planificación presupuestal multianual en las regiones permite identificar potenciales puntos de convergencia para articular la inversión privada.

¿Cómo impulsar el desarrollo de proveedores locales y encadenamientos productivos sostenibles?

Existen experiencias positivas, especialmente en aquellos casos en los que se potencian las características productivas de la zona y se estructuran esquemas que permiten su crecimiento y expansión más allá del ámbito minero.

En el corto plazo, se han desarrollado mecanismos de subcontratación de actividades vinculadas a la minería en el ámbito local, ya sea a través de empresas comunales o mediante el alquiler de servicios de transporte, por ejemplo.

Sin embargo, en el largo plazo resultan más relevantes aquellas actividades que pueden crecer sin depender directamente de la minería.

¿Qué rol cumple la transparencia en la generación de confianza y legitimidad en los territorios?

Por ejemplo, el rol de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI) es clave para identificar, de manera transparente para todos los involucrados, los recursos que se originan en la actividad minera.

En los últimos años, el Perú ha perdido el liderazgo que tenía en esta materia; sin embargo, felizmente se han identificado algunos esfuerzos recientes de mejora.

Más allá de ello, surge la necesidad de que la población tome conciencia sobre la forma en que sus autoridades reciben las transferencias del Gobierno central y cómo utilizan esos recursos.

El reto es aún mayor porque, como consecuencia del incremento de los precios de las materias primas y su efecto en la rentabilidad minera, es previsible que el crecimiento del aporte tributario minero —así como del canon y las regalías— sea muy rápido durante los próximos dos años.

¿Cómo integrar sostenibilidad ambiental, crecimiento económico y bienestar social en las zonas mineras?

Las empresas mineras formales están sujetas a una fiscalización ambiental frecuente y estricta, situación que no ocurre con la minería informal y, menos aún, con la ilegal.

En este último caso, concentrado principalmente en la producción de oro, la rápida elevación de su cotización ha generado una suerte de “fiebre del oro” en determinadas zonas. Allí, si bien se produce generación de valor, ingresos y crecimiento, estas actividades se desarrollan bajo condiciones de inseguridad laboral, ambiental y de condiciones inadecuadas de trabajo.

¿Qué experiencias exitosas de articulación territorial podrían replicarse?

Existen diversas experiencias, sobre todo en el ámbito de la gran minería, en las que se ha logrado construir una mejor relación entre las actividades mineras y la población de las zonas aledañas.

No quisiera adelantar al Foro Desarrollo Regional en Zonas de Influencia Minera de EXPOMINA PERÚ 2026, que tendrá lugar en septiembre, donde seguramente se presentarán experiencias exitosas y replicables.

¿Cómo se podría fortalecer la articulación entre el estado, la empresa privada y la academia para promover innovación y desarrollo sostenible en zonas mineras?

El desarrollo de esquemas de Obras por Impuestos (OxI) abre una posibilidad adicional frente al uso tradicional de mecanismos de asistencia técnica dirigidos a gobiernos locales o comunidades.

Asimismo, el esquema de OxI ha sido mejorado sustantivamente en los últimos años, al incrementar la predictibilidad de alcanzar resultados exitosos en la intervención de las empresas, orientada a la culminación y puesta en operación de las obras ejecutadas.